Objeciones del Pro y la UCR ante la reforma laboral y cambios en el régimen de licencias
La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei atraviesa una etapa crítica de su tratamiento parlamentario ante la Cámara de Diputados, luego de haber recibido media sanción en el Senado en la madrugada del jueves último. Aunque el proyecto avanza como uno de los ejes de la agenda económica del Gobierno, surgieron grietas incluso dentro de los espacios aliados por un artículo específico del texto, lo que complica la hoja de ruta legislativa.
Los bloques de diputados de Propuesta Republicana (Pro) y de la Unión Cívica Radical (UCR) —partidos que suelen cooperar por el oficialismo— expresaron reparos respecto al artículo 44, el cual fué incluido en el capítulo VII de la reforma, y modifica entre otros items, el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.
Según esta nueva redacción, cuando un trabajador se ausente por motivos de salud no relacionados con su actividad laboral, ya no percibiría automáticamente el 100 % del salario, como estipula la ley actual. En cambio, cobraría 75 %, o incluso 50 % si la lesión se produce por una conducta considerada riesgosa o voluntaria.
El jefe del bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, adelantó que su espacio buscará revisar o modificar ese artículo durante el debate en particular porque —asegura— podría “reducir los niveles de protección que hoy existen”. Desde Pro, diputadas como Florencia De Sensi calificaron la medida de “barbaridad” e incluso mencionaron que no entienden cómo se aplicaría en casos de enfermedades graves como el cáncer.
La bancada radical también planteó objeciones y dijo haber acercado comentarios al Ejecutivo, advirtiendo sobre potenciales cuestiones jurídicas y riesgos de judicialización del artículo impugnado.
De caer ese artículo en una votación particular, el proyecto debería volver al Senado con cambios, lo que alteraría el cronograma del oficialismo que esperaba sancionar la reforma antes del 1° de marzo, fecha en que el presidente abrirá las sesiones ordinarias.
Sturzenegger sobre la reforma laboral tras su media sanción
Los senadores Eduardo Vischi (UCR) y Patricia Bullrich (LLA) durante el tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Senado
La reforma laboral, conocida oficialmente como Ley de Modernización Laboral, ya fue aprobada con 42 votos a favor y 30 en contra en el Senado de la Nación tras más de 13 horas de discusión y con movilizaciones sociales en las inmediaciones del Congreso.
Entre los principales cambios se encuentran medidas que buscan: Facilitar la formalización de empleos reduciendo trabas administrativas, así como abaratar los costos de despido mediante una nueva fórmula de cálculo de indemnizaciones, permitir jornadas laborales de hasta 12 horas diarias —a pedido voluntario del trabajador— con esquemas de “banco de horas”, además de cambiar la negociación colectiva, priorizando acuerdos por empresa por sobre los convenios sectoriales y modificar reglas de huelga, incluyendo la obligación de asegurar servicios mínimos en sectores esenciales.
Estas modificaciones forman parte de la estrategia del Gobierno para “modernizar” un mercado laboral que el Ejecutivo califica de obsoleto y que —según sus defensores— desincentiva la inversión y fomenta el empleo informal.
La reforma generó un rechazo profundo de sindicatos nacionales, organizaciones sociales y sectores académicos. Las protestas frente al Congreso se tornaron violentas en algunas instancias, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
La central obrera CGT y otros gremios calificaron las propuestas como un retroceso en derechos históricos, argumentando que:
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Podrían debilitar la negociación colectiva.
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Limitar el derecho de huelga al ampliar la definición de actividades esenciales o imponer servicios mínimos.
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Incentivar la precarización laboral, con más contratos de menor protección y mayor vulnerabilidad ante despidos.
Académicos de la UBA advirtieron que la reforma coarta principios centrales del derecho social, presionando a la baja los salarios y debilitando la organización sindical, mientras que algunos abogados laboralistas alertan que la modificación del régimen de licencias podría ser objeto de recursos judiciales por vulnerar derechos adquiridos.
Con la media sanción obtenida en el Senado, el texto ahora transita su análisis en la Cámara de Diputados, donde las objeciones de espacios aliados añaden un nuevo factor de incertidumbre. Si se introducen cambios sustantivos, el proyecto deberá regresar al Senado para lograr una versión consensuada antes de su promulgación definitiva.